Responsabilidad Social Corporativa y los cambios de la Ley 11/2018

En los últimos años, han aumentado los requerimientos sobre la información que presentan las empresas y con la que se comunican con los diferentes grupos de interés. Debido a ello, la RSC en España requería de una legislación que señalase la calidad y la extensión de estas comunicaciones, que solían quedar fuera de todos los informes.

A este respecto, la Ley 11/2018 amplía los contenidos de información no financiera sobre los que deben informar las empresas, pero también introduce otros cambios que tienen que ver con la verificación de la información no financiera (Responsabilidad Social Corporativa y sostenibilidad) y con su ámbito de aplicación.

Esta nueva ley supone la modificación de varias presentes en el ordenamiento jurídico español. Con su aprobación, la ley española se convierte en una de las más exigentes de toda la Unión Europea.

RSC en España: la nueva ley tendrá un mayor ámbito de aplicación en las compañías nacionales

Esta nueva ley, que afecta a la información no financiera, como, por ejemplo, la relativa a la RSC en España, afectará a todas las empresas con más de 250 empleados y que sean consideradas de interés público. También, a todas aquellas cuyas partidas de activos sean superiores a 20 millones de euros o con importes netos anuales de 40 millones de euros.

No obstante, sin duda, lo más importante de la Ley 11/2018 son los cambios introducidos en relación a la información que deben compartir y que entroncan con la RSC en España. Como consecuencia, las compañías deberán detallar información sobre temas medioambientales, empleados, Derechos Humanos, corrupción, sociedad, proveedores, consumidores y fiscales.

La información sobre RSC en España deberá ser más clara y detallada

De esta forma, respecto a la Responsabilidad Social Corporativa, la nueva Ley exige un enfoque sobre los compromisos de la empresa. Así, deberá ofrecer información sobre desarrollo sostenible y explicar el impacto de la compañía en el empleo y el desarrollo local.

Además, tendrá que reportar información sobre las relaciones mantenidas con las comunidades locales y los medios de diálogo con las mismas.

Con la introducción de estas medidas, se obliga a las empresas a ofrecer información fidedigna y detallada de sus campañas. Se trata, con esta iniciativa, de arrojar un poco de luz y mejorar la información existente sobre la RSC en España, un tema que sigue quedando pendiente en muchos negocios.

Una medida necesaria para todos

La Ley 11/2018 es muy necesaria. De un tiempo a esta parte, todos los grupos de interés de las empresas venían demandando mayor grado de implicación a los Consejos y un mejor acceso a la información no fiscal.

Hasta ahora, la información relativa a las campañas de RSC en España quedaba fuera de los estándares legales. Con esta medida, inversores y demás grupos de interés dispondrán de un acceso total a la información de la compañía, tanto fiscal como no fiscal.

Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la información fiscal resulta insuficiente para la toma de decisiones, por lo que se requiere información complementaria no financiera para comprender mejor el modelo de negocio de cada organización, su estrategia a medio y largo plazo y su posicionamiento en temas sociales.

A pesar de estas demandas, muchas empresas seguían sin responder adecuadamente a la demanda de información. De hecho, la que ofrecían era confusa, fragmentada y desconectada de las decisiones. Tras las distintas crisis, surgió la necesidad de avanzar y mejorar la comunicación.

La RSC en España y la nueva Ley 11/2018

Dentro de esta Ley, asimismo, se contempla la posibilidad de cumplir con la obligación de elaborar un informe sobre el estado de la información no financiera. Dicho de otra manera, se deberá publicar un informe separado (informe de RSC o sostenibilidad).

Dicho informe deberá corresponder al mismo ejercicio e indicar de manera expresa que la información forma parte del informe de gestión y que cumple con todos los criterios de elaboración, depósito y publicación.

Además, esta información deberá ser accesible de forma gratuita en la página web de la corporación en los seis meses siguientes al cierre del ejercicio y durante cinco años.