Novedades en la agenda de Gobierno Corporativo para el último cuatrimestre del año: La CNMV y el Gobierno introducen nuevas prioridades

En plena crisis del Covid 19, que ya había generado cambios relevantes en las prioridades de la agenda de nuestros Consejos de Administración y que han sido profusamente tratados a lo largo de estos meses, la CNMV aprobó a finales de junio la modificación del Código de Buen Gobierno, con importantes novedades en ámbitos relativos a las competencias de la comisión de auditoría en temas relacionados con la corrupción, la estructura de los propios consejos por la mayor relevancia de las competencias en materia de medio-ambiental, social y de buen gobierno (ESG), el impulso a la presencia de consejeras en los órganos de gobierno y la gestión de la diversidad así como la clarificación de algunos aspectos relacionados con la remuneración de los consejeros. Cada uno de estos temas estará exigiendo a las compañías revisar y adaptar su marco normativo interno, así como los planes de acción en materia de buen gobierno para los próximos años.

En pleno proceso de análisis de las implicaciones que la reforma del CBG tenía para la gobernanza de las compañías cotizadas, el Gobierno aprobó el pasado 14 de julio, para su remisión al Parlamento, el Proyecto de Ley sobre fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, transponiendo la Directiva Europea 828/2017.

Más transparencia junto con el refuerzo del largo plazo es quizás la expresión que mejor puede definir el sentido de buena parte del contenido que el Gobierno anticipa contendrá el texto del Proyecto de Ley (cuyo texto definitivo no se ha publicado). Introducirá cambios en nuestro marco normativo para facilitar una mayor transparencia en la identificación de sus accionistas por parte de las compañías cotizadas, así como nuevas obligaciones de transparencia a los inversores institucionales (Instituciones de inversión colectiva) en cuanto a sus estrategias de inversión y políticas de voto, explicitando especialmente el impacto que tienen en la sostenibilidad a largo plazo de las compañías. Adicionalmente, el proyecto de ley regulará por primera vez la figura del “proxy advisor” o asesor de voto. Los “proxy advisors”, cuyo rol en nuestro mercado ha ido creciendo en relevancia, y cuya influencia en el sentido del voto de muchos inversores institucionales han comprobado nuestras compañías cotizadas, han sido objeto de numerosa crítica por una parte de la comunidad de gobierno corporativo en unos casos por la falta de transparencia en sus políticas en otros por la falta de adaptación al marco normativo y/o las peculiaridades del mercado local.

Adicionalmente, el proyecto de ley incrementará la transparencia de las operaciones vinculadas e introducirá nuevos elementos de detalle y transparencia a las remuneraciones de los consejeros.

Otros aspectos interesantes que aborda la reforma son: la eliminación de la obligación de elaborar los informes financieros trimestrales, así como elevar el umbral en las emisiones de valores para exigir elaboración y emisión de folleto informativo a un mínimo de ocho millones de euros salvo para entidades de crédito (que se deja en 5 millones de euros); y la simplificación de los trámites para facilitar las ampliaciones de capital.

Quizás la parte más polémica del texto del proyecto de ley pueda ser la introducción en nuestro marco normativo de las llamadas “acciones de lealtad” que premiarán con voto adicional a los accionistas que las mantengan en sus carteras por un plazo superior a dos años.

Como cualquier elemento de novedad hay que ser especialmente prudente en su valoración pues más allá del objetivo primario que marca la reforma, y con el que es difícil discrepar, fomentar la inversión con perspectiva de largo plazo y reducir los incentivos para la inversión más cortoplacista o especulativa, introduce riesgos en el mercado y modifica equilibrios, que es de desear que nuestro legislador haya valorado adecuadamente, especialmente a la luz de lo que ha supuesto en aquellos mercados donde ya se han introducido como Italia o Francia, que por otra parte son mercados con algunas similitudes al nuestro (ie. presencia de grupos familiares en el accionariado de empresas cotizadas). El incentivo que puede generar en grupos familiares no cotizados de valorar su salida al mercado como vía de financiación a las alternativas tradicionales que han utilizado, será interesante seguirlo.

Las acciones de lealtad no son, por otra parte, un cambio más de un elemento del marco normativo, afecta a un elemento de naturaleza más estructural como es el principio proporcionalidad, una acción un voto, y ello traerá consecuencias, en el gobierno de las compañías que lo introduzcan y en la participación de los inversores en nuestro mercado de capitales. Habrá inversores que valorarán positivamente el incentivo de permanencia y la estabilidad que puede generar en compañías por el mayor control que dará a los accionistas con participaciones significativas o relevantes o a los accionistas “fundadores” en el caso de compañías fundadas por grupos familiares, incluso con el riesgo de perder elementos de contra balance al poder que se les confiere a los tenedores de dichas acciones de lealtad (al menos temporalmente); sin embargo, para nuevos inversores puede introducir elementos de desincentivación de incorporarse al accionariado de nuevas compañías.

De hecho, instituciones como el Banco de España o la propia Autoridad Bancaria Europea (EBA) han manifestado sus reservas por los efectos desincentivadores que puede generar en futuros procesos de recapitalización de entidades. Emisores Españoles por su parte ha manifestado también sus reservas por el impacto que puede tener en los procesos de OPA. En el otro extremo se sitúa la CNMV que valora positivamente equipararnos a otros mercados comparables como el italiano y el francés, así como la posibilidad de atraer a cotización en España a nuevas compañías.

La mayor parte de los Inversores Institucionales internacionales y proxy advisors se han manifestado contrarios a la introducción de las acciones de lealtad en nuestro marco normativo pero me parece especialmente destacable la posición de Blackrock, tan mencionado por las cartas de su CEO Larry Fink, que a lo largo de los últimos años han manifestado su compromiso absoluto con la perspectiva de largo plazo en las compañías en las que invierten, han manifestado también su oposición y grandes reservas a este tipo de prácticas; reiterando en los últimos tiempos su apuesta por la primacía del principio de proporcionalidad (“Blackrock investment stewardship commentary: Key considerations in the debate on differentiated voting rights”).

Será interesante seguir la evolución de la tramitación parlamentaria del texto del Proyecto de Ley, especialmente en relación a las acciones de lealtad y también será necesario seguir el desarrollo reglamentario para entender como se operativiza, que también tiene su complejidad, especialmente para el caso de inversores internacionales/transfronterizos. De todo ello, seguro, que leeremos y escribiremos en los próximos meses.